El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Vernor Muñoz, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la CLADE denunciarán el próximo 6 de noviembre, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la violación del derecho a la educación de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe.
Dichas organizaciones presentaron una solicitud de audiencia en la sede de la Comisión en Washington luego de constatar que en América Latina y el Caribe no se respeta y reconoce el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Esto por cuanto, cuando éstas reciben algún tipo de educación, en muchas ocasiones lo hacen bajo el paradigma de la “educación especial” – lo que constituye un problema, por referirse a una educación segregada, en la cual se hace diferencia entre las personas con discapacidad y aquellas que pueden frecuentar escuelas “regulares”.
En
una entrevista para la Agencia de información de América
Latina y el Caribe, Adital, la Coordinadora General de
CLADE, Camilla Croso, subrayó la importancia de esta denuncia
al otorgar mayor visibilidad al problema de la violación
de los derechos de las personas con deficiencias de la
región. Según Camilla, existe muy poca información de
estas naciones en cuanto a la situación de la educación
para estas personas y es una cuestión que aparece muy
poco en el debate educativo. Por esta razón, es necesario
poner el énfasis en la sistematización de estos datos
en cada país.
La coordinadora explica que, si bien la legislación
sobre el derecho al acceso de todos y todas a la educación
ha avanzado mucho, en la práctica no sucede con
frecuencia. En muchas ocasiones, la escuela niega la matrícula
al alumno con deficiencias, y, en otros casos, aún
garantizado el acceso a la educación, las escuelas
no cuentan con la adaptación necesaria del material
didáctico y del espacio físico, así
como tampoco con profesores especializados.
En
todo el mundo, se estima que 600 millones de personas
tienen algún tipo de discapacidad, lo que representa
el 10% de la población. Según cifras de
la UNESCO, el 35% de los niños y niñas que
están fuera de la escuela en el mundo tienen algún
tipo de discapacidad y solamente el 2% de los niños
y niñas en esta situación consiguen concluir
sus estudios. El problema es aún más grave
en el caso de las mujeres y las niñas con discapacidad.
En los países latinoamericanos, la situación
no es muy diferente del resto del mundo. En Perú,
por ejemplo, el Censo de 1993 mostró que el 84,9%
de las personas con deficiencias no frecuentan o nunca
fueron a la escuela, siendo la tasa de analfabetismo de
esta población de 41%. En Chile, sólo el
8% de las personas con deficiencias están estudiando,
y una de cada dos, no consigue completar la educación
básica.
Los
Estados que han ratificado la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y su Protocolo de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, así como la Convención
Interamericana para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad, están obligados a adoptar medidas
para garantizar condiciones de igualdad de acceso a la
educación a las personas con diferentes tipos de
discapacidad.
Desde
el Foro Latinoamericano de Políticas Educativas
(FLAPE) apoyamos esta iniciativa y consideramos imprescindible
la difusión y el seguimiento de esta cuestión,
reivindicando nuestro compromiso por una América
Latina más justa e igualitaria, que valore el derecho
de todos y todas, particularmente los más débiles,
a educarse a lo largo de la vida, a ejercer su ciudadanía
y a contribuir al desarrollo económico, social
y político de sus países.
REAFIRMANDO
que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos
humanos y libertades fundamentales que otras personas;
y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos
a discriminación fundamentada en la discapacidad,
dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes
a todo ser humano.
CONVENCIÓN
INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD