Acaba de ser publicado el nuevo informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Vernor Muñoz.: "El derecho a la educación de las personas con discapacidades". El documento, de forma contundente, pone en evidencia la precariedad y fragilidad de las políticas públicas destinadas a atender a los portadores de necesidades educativas especiales. Más allá de las retóricas que reconocen la importancia de las estrategias de educación inclusiva, el Relator de la ONU, denuncia la persistente violación del derecho a la educación de las personas con diferentes tipos de discapacidad.
Su amplia y extensa consulta a diversos gobiernos y origanizaciones no gubernamentales, nos alerta sobre la profunda discrepancia entre marcos jurídicos que reconocen formalmente el derecho a la inclusión, con los recursos económicos efectivamente invertidos en este campo (tanto públicos como privados), así como la persistente falta de voluntad política para hacer que las leyes en vigor dejen de ser promesas que se diluyen en la realidad de sociedades y sistemas educativos que continuan segregando y estigmatizando a los más pobres y a todos aquellos que no se encuadran en los criterios de "normalidad" definidos hegemónicamente.
Entre las diversas contribuciones que realiza el nuevo informe de Vernor Muñoz, una se destaca por su importancia y actualidad: el diseño de políticas públicas destinadas a promover estrategias efectivas de inclusión social y educativa, no puede llevarse a cabo si no se reconoce el derecho inalienable de las personas discapacitadas de expresar sus opiniones sobre estos asuntos, participando activamente en la planificación y gestión de los programas destinados a atender sus necesidades.
El Foro Latinoamericano de Políticas Educativas (FLAPE) tuvo la honorable oportunidad de contribuir al desarrollo del presente documento, sistematizando las informaciones relevadas en la consulta internacional promovida por el Relator de las Naciones Unidas.
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