Desde los años 50, los sistemas educativos en América Latina y el Caribe se expandieron de forma vertiginosa. En el marco de una gran heterogeneidad regional, donde las especificidades nacionales han ejercido y ejercen un papel central en el rumbo asumido por las políticas educativas, dicha expansión es uno de los rasgos característicos del desarrollo educativo regional durante el siglo XX.

En América Latina y el Caribe, el crecimiento de los sistemas escolares se produjo al mismo tiempo en que esta región se convertía en la más injusta y desigual del planeta, mientras la diferencia entre ricos y pobres se multiplicaba y ampliaba, creando un abismo cuya profundidad parece ser hoy insalvable para gran parte de la población. Datos recientes, así como todas las proyecciones disponibles, revelan que durante los últimos años -con rarísimas excepciones- la pobreza no hizo sino empeorar en casi todos las países de la región. Así mismo, se ha observado un estancamiento o un deterioro en la distribución del ingreso.

Actualmente, la escolarización alcanza casi a la totalidad de la población infantil en muchos países de América Latina. El problema reside en que las oportunidades educativas continúan siendo distribuidas en forma profundamente desigual, cuestionando el sentido mismo del derecho a la educación y transformándolo en un bien de consumo directamente proporcional a la capacidad adquisitiva de aquellos que aspiran a beneficiarse de él. Ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres, estableciéndose un escenario de escuelas cada vez más ricas y escuelas cada vez más pobres. Fuera de este contexto poco puede comprenderse el proceso de expansión de los sistemas escolares latinoamericanos durante la segunda mitad del siglo XX.

En tal sentido, los Informes Nacionales deberán permitir mapear los obstáculos estructurales al derecho a la educación; aspectos éstos que ponen en cuestión y, casi siempre, desestabilizan las condiciones efectivas de realización de la promesa jurídica formulada por este derecho.

Contenidos de los Informes Nacionales

De acuerdo con esto, proponemos partir de una distinción metodológica relevante en el abordaje del derecho a la educación. Por un lado, considerar su dimensión jurídica, formal, instituida por la ley y consagrada constitucionalmente. Por otro, su dimensión substantiva, es decir dar cuenta de la capilaridad social de este derecho, como práctica efectiva en condiciones de igualdad y justicia social.

De tal forma, los estudios a ser realizados por cada equipo de FLAPE deberán permitir relevar ambas dimensiones, definiendo su especificidad y presentando un conjunto de evidencias empíricas que muestren el “grado de universalidad” del derecho a la educación, en su dimensión jurídico-formal, así como el “grado de efectividad” que evidencia su dimensión igualitaria y democrática en cada caso nacional.

Consideraremos que ambas dimensiones, aún cuando pueden presentarse como aparentemente contradictorias, definen un padrón histórico de institucionalización del derecho a la educación en la realidad latinoamericana contemporánea, donde la escisión entre la proclamación universal de este derecho se contrapone a una realidad de exclusión y subalternización de la condición de ciudadanía a amplios sectores de la población.

Proponemos que nuestros estudios nacionales contribuyan a pensar el derecho a la educación como una construcción social, política, histórica e institucional, donde ambas dimensiones se estructuran y complementan siempre de forma articulada, aunque marcadas por la contradicción y el conflicto. Se abordarán, al menos, los siguientes tópicos:

1. El derecho a la educación: su dimensión jurídica.
   
   
2. Las barreras al derecho a la educación: del reconocimiento formal al reconocimiento efectivo.
   
   
3. Un estudio de caso.
   
   
4. Las luchas por el derecho a la educación. Perspectivas.